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El avance ambiental que desafía a los exportadores argentinos

La Unión Europea avanza sin pausa en la implementación de nuevas medidas en materia ambiental que abarcan a todos los sectores de la economía.

Por Marisa Bircher


Desde la presentación en 2019 del llamado Pacto Verde, la Unión Europea avanza sin pausa en la implementación de nuevas medidas en materia ambiental que abarcan a todos los sectores de la economía, como el transporte, la energía, la agricultura y la industria en vistas de alcanzar su objetivo de llegar a ser el primer continente climáticamente neutro en 2050.


Una de las acciones de mayor repercusión entre los países productores de alimentos fue el lanzamiento en 2020 de la Estrategia «De la Granja a la Mesa». La misma incluye, entre otras cosas, la reducción del uso de plaguicidas, fertilizantes y antimicrobianos en animales; fomento de la agricultura orgánica, nuevas disposiciones en materia de etiquetado que cubren aspectos nutricionales, climáticos, ambientales y sociales de la producción de alimentos.


Solo para nombrar otras medidas más recientes podemos señalar el Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM, sus siglas en inglés) o la Propuesta relativa a la comercialización en el mercado europeo de productos asociados a la deforestación.


La primera de ellas busca que los importadores paguen por las emisiones de los bienes producidos fuera de Europa y si bien alcanzará inicialmente un grupo limitado de sectores podría expandirse a futuro al sector primario, mientras que la segunda, aún en instancia de proyecto, prohibiría la entrada o salida del mercado europeo de bienes producidos en tierras deforestadas y concentraría sus esfuerzos sobre ciertos sectores, entre los que se encuentran nada más ni nada menos que la carne y la soja.


El camino marcado por la UE es claro y en los próximos años se espera que tengamos una proliferación de este tipo de medidas con efectos cada vez más directos sobre el comercio internacional, sea a través de regulaciones oficiales o de acciones directamente tomadas por el sector privado. Cabe recordar en este sentido el anuncio conocido en diciembre pasado por parte de distintos supermercados de Bélgica, Francia, Países Bajos y el Reino Unido informando que dejarían de comprar carne vacuna a uno de los principales frigoríficos brasileños a partir de un estudio sobre deforestación ilegal.


Es esperable que nuevas medidas como estas afecten a la región por lo que es importante trabajar rápido. De acuerdo a un documento publicado por el IICA y el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) en 2021, el ganado bovino en las Américas representa el 44% de las existencias ganaderas a nivel mundial y las exportaciones de carne bovina de los países del Mercosur más Chile y Bolivia representan alrededor del 40% de las exportaciones mundiales. Brasil es el líder mundial en ventas externas, seguido por EE.UU y Australia. Argentina, Uruguay y Paraguay ocupan el quinto, octavo y noveno puesto en el ranking mundial de exportaciones, respectivamente.


Estas prácticas no se limitarán al continente europeo. Diferentes países y organismos internacionales, incluso de índole financiera, ya tienen en agenda iniciativas al respecto.


Más allá de posibles cuestionamientos sobre la legalidad de alguna de estas medidas que pueda realizar nuestro país en ámbitos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), estas políticas han llegado para quedarse y profundizarse en el futuro cercano. Por supuesto, los riesgos son altos dado que este tipo de medidas pueden convertirse en nuevas barreras al comercio internacional, pero como en todo nuevo desafío también hay oportunidades. Nuestro país puede posicionarse como productor de alimentos sostenibles, sanos e inocuos y demostrar que puede contribuir a enfrentar el cambio climático, cuyas consecuencias de hecho sufren cada vez más nuestros productores.


La coordinación público-privada será clave para evitar nuevos costos sobre nuestros productores y lograr la adaptación de todos los sectores a esta nueva realidad. Sea facilitando mecanismos de trazabilidad y monitoreo a lo largo de la cadena productiva, fomentando buenas prácticas y el uso de tecnologías sostenibles, o elaborando “directrices” y/o certificaciones que garanticen que todos los sectores exportadores pueden hacer frente a los nuevos requerimientos, para que tanto empresas grandes como pequeñas no pierdan mercados a partir de las nuevas regulaciones. Es importante no llegar tarde y lograr que estos nuevos desafíos se conviertan en oportunidades para nuestro país.



Foto: Clarin


Esta nota fue publicada en Clarin el 27 de febrero


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